El PAN en el Senado propuso, mediante una iniciativa, poner candados a los gobiernos estatales en materia de transparencia y rendición de cuentas al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 2010.

Tras la polémica por el retiro de candados en San Lázaro, para que los estados ejerzan su presupuesto de manera transparente los senadores Felipe González y Federico Döring, del PAN, presentaron una iniciativa —cuya copia tiene EL UNIVERSAL— a fin de incorporar de nueva cuenta mecanismos de rendición de cuentas, que incluso alcanzan a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los legisladores panistas desecharon, como lo adelantó este diario para sus lectores, la posibilidad de acudir a la Corte para impugnar el presupuesto, luego de un análisis interno encabezado por el senador González, y eligieron una reforma para meter en cintura a gobernadores en el ejercicio del gasto.

El proyecto de decreto propone no asignar recursos a las entidades que tengan adeudos con la Federación; tampoco a quienes operen sin indicadores de cumplimiento o avance de obras. Además se obliga a someter a auditorias el recurso de origen federal.

Se plantean métodos para definir objetivos, indicadores de desempeño y metas para los programas federales y estatales; incorporar información del desempeño en las decisiones presupuestarias; desarrollar los sistemas necesarios para el seguimiento de las metas de indicadores establecidos en los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de mejorar la toma de decisiones en la asignación y reasignación de recursos y rendición de cuentas.

Fiscalizar fondos educativos

Con la adición propuesta para el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, se busca que la información referente a los pagos que se realicen en materia de servicios, con recursos federales, deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en las respectivas páginas de internet de las secretarías de competentes de las entidades federativas y del gobierno federal, también deberán hacer llegar dicha información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

En cuanto al artículo 26 de la misma Ley, la adición pretende evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

En consecuencia, propone que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informe oportunamente al Congreso de la Unión o a la comisión permanente, del contenido de las propuestas del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales así como de las acciones que emprenderá al respecto.

La iniciativa —dice el texto— busca “instituir y reforzar medidas para asegurar que el gasto público se realice de una forma eficiente y con transparencia ante la ciudadanía, procurando que las Entidades Federativas y los municipios ejerzan de manera responsable los dineros públicos y trabajen dentro de un marco de austeridad y racionalidad en el uso de los mismos”.

Los gobiernos verdaderamente democráticos —señala— no sólo deben garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, “sino además deben asegurar un ejercicio transparente de los recursos públicos, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño del gobierno en sus diferentes niveles: federal, estatal y municipal”, establece la exposición de motivos.