El Ministerio Público entregó el informe solicitado por el Congreso Nacional de Honduras sobre su opinión jurídica sobre si procede o no la restitución del ex presidente Manuel Zelaya.
El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, dijo que el informe específica las actuaciones de Zelaya antes, durante y después del 28 día que fue destituido por el Legislativo que nombró a Roberto Micheletti como mandatario interino. El informe contiene "un enfoque estrictamente jurídico, en el que se han considerado
En la mañana el fiscal general de
El asesor jurídico del Ministerio Público, Nick Atala, entregó el documento en la secretaría del Congreso Nacional, que, de cuatro informes que solicitó, ya sólo tiene pendiente el de la Corte Suprema de Justicia sobre el asunto de Zelaya.
"Ha sido entregada la opinión legal del Ministerio Público, tal como lo solicitó el Congreso Nacional", dijo Atala a los periodistas, pero no dio detalles del contenido del documento porque, apuntó, primero debe conocerlo el Parlamento.
Sin embargo, subrayó que "es un informe completo, de todo" lo actuado por el Ministerio Público en relación con procesos incoados contra Zelaya por delitos políticos y comunes.
Anteriormente entregaron sus informes el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, y
El vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Ramón Velásquez Názar, reaccionó tras recibir el informe del MP y dijo que los diputados se reunirán el 2 de diciembre para decidir sobre si restituyen o no a la presidencia hondureña a Zelaya.
"Si lo restituyen [Zelaya] sería un caos jurídico en el país", afirmó Velásquez Nasser, quien dijo que los que sucederán con las elecciones del 29 de noviembre deben sustituir en la historia la página dejada por el inicio de la crisis políticael 28 de junio.
El Congreso hondureño ahora sólo espera la llegada de la opinión jurídica de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que esta tarde se reunirá para presentar su informe.
El Ministerio Público procesó a Zelaya por impulsar una consulta, que iba a celebrarse el 28 de junio, para promover una Asamblea Constituyente y que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.
Según el gobierno de Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato judicial derivado de ese proceso del Ministerio Público, por el cual tiene orden de captura.
Ya destituido Zelaya, un tribunal de justicia libró otra orden de captura contra él, en este caso, según el Ministerio Público, por la emisión ilegal de un decreto para la contratación de publicidad.
Zelaya permanece desde el 21 de septiembre pasado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa después de volver clandestinamente al país, del que fue expulsado por los militares y posteriormente destituido por el Legislativo.
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